En un acto celebrado en la Casa de la Provincia de La Pampa, se realizó el primer Informe sobre Compromisos Climáticos Provinciales (CCP), presentado por la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras (SSF). En este, se evaluó cuales son las provincias que empiezan a perfilarse como los espacios donde se decide hoy buena parte de la respuesta argentina al cambio climático.
El informe releva las 24 jurisdicciones del país (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y pone en orden qué gobierno conduce la agenda climática en cada territorio, el estado de sus planes de respuesta, marcos legales locales y el acceso al financiamiento para estos planes. El principal objetivo de este documento es sostener la acción climática y promover el federalismo climático.
El relevamiento presentó varios datos clave que permiten ver un manejo bastante desigual con respecto a la agenda climática, dependiendo la provincia:
- El 54% de las jurisdicciones cuenta con un área de gobierno específica dedicada al cambio climático; el resto lo aborda desde ministerios o secretarías más generales sin equipos técnicos exclusivos.
- Apenas siete provincias han elaborado inventarios propios de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); las demás dependen del inventario nacional desagregado o no disponen de datos autonómos suficientes.
- Tan solo ocho jurisdicciones cuentan con leyes provinciales específicas sobre cambio climático.
Además, se dió a conocer un alarmante factor con respecto a la región del AMBA: la Ciudad y la provincia de Buenos Aires son responsables de alrededor del 34% de las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) nacionales.
Mariano Villares, cofundador de Sustentabilidad Sin Fronteras, explicó: “El problema no es sólo que las provincias asuman compromisos, sino que haya mecanismos de seguimiento, indicadores claros y capacidades técnicas para que esos compromisos se vuelvan políticas concretas”.
«La intención del documento es poner en valor lo que las provincias ya están haciendo, visibilizar buenas prácticas y fomentar la cooperación federal”. agregó
La apertura del informe estuvo a cargo de a cargo de la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, Vanina Basso, que declaró: “Informes como el que hoy presentamos son una radiografía clara del trabajo que las provincias venimos llevando adelante. El federalismo no es una idea abstracta: se refleja en cada plan provincial, en cada inventario de emisiones y en cada medida de adaptación que implementamos en los territorios.”
Dentro del estudio, se observan dos grandes obstáculos para el desarrollo de un plan climático que unifique todo el país: financiamiento y capacitación.
“Lo que siempre se escucha es que para poder implementar políticas climáticas se necesita financiamiento externo y, por supuesto eso es importante, pero también hay que generar las capacidades dentro del propio Gobierno”, dice Florencia Mitchell, jefa del área de Gestión Ambiental y Acción Climática del Consejo Federal de Inversiones, y agrega: “Hay capacidades que aún no están para poder desarrollar proyectos de mayor envergadura, sea por falta de recursos disponibles para sostener equipos técnicos o por la acotada incidencia que pueden tener en otras áreas de gobierno”.
Es claro que sin articulación con la Nación y sin garantías institucionales que faciliten la contratación y el acceso a fondos internacionales, muchas iniciativas provinciales se quedan en pilotajes o en proyectos de menor escala.
Las provincias que avanzan
Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Río Negro aparecen en distintas coberturas como jurisdicciones con mayor desarrollo técnico o mayor protagonismo en instancias de organización. Algunas cuentan con inventarios propios, con información desagregada que permite diseñar políticas sectoriales (por ejemplo en transporte, residuos o energía), mientras otras impulsaron normativas y programas de apoyo a la adaptación de sectores más vulnerables.
La principal lección del documento es que los compromisos deben acompañarse con seguimiento, datos propios, marcos legales y recursos humanos y financieros estables. Hay una drástica falta de organización federal con respecto a las políticas, y es necesario que esta no quede en una mera promesa de campaña electoral
