La semana pasada, el canciller Pablo Quirno anunció la firma de un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, evidenciando la alianza estratégica entre Javier Milei y Donald Trump. “Mejorar la reciprocidad mediante la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias y mejorar la alineación para abordar prácticas comerciales desleales que amenazan nuestra prosperidad” es el objetivo al que apunta el pacto, según anunciaron las partes estadounidenses.
Ambos países ejecutarán la apertura recíproca de mercados para ciertos productos estratégicos, buscando obtener «ventaja» sobre las exportaciones argentinas hacia Estados Unidos. Sin embargo, esta alianza representa una amenaza para la regulación de los recursos naturales argentinos.
Potenciar la minería.
Uno de los ejes centrales del pacto es el suministro de minerales críticos (litio, cobre, níquel, etc), esenciales para la industria de la tecnología en Estados Unidos, fundamentalmente en las baterías de dispositivos móviles. Nuestro país es el quinto productor mundial de litio y, a los ojos del gigante norteamericano, una fuente de recursos baratos.
La extracción de litio mediante evaporación consume enormes cantidades de agua en zonas de estrés hídrico extremo, alterando inmensamente los ecosistemas y acuíferos subterráneos. El acuerdo impulsa inversiones de más de 14.000 millones de dólares, gran parte destinada a la región de la Puna, que conforma el famoso Triángulo del Litio, que concentra más del 50% y 60% de las reservas del respectivo metal.
Los antecedentes de extracciones mineras por parte de fondos estadounidenses, en países como Perú, México o Panamá, evidencian enormes daños irreparables, transformando ecosistemas enteros en depósitos de desechos de minería tóxicos y altamente contaminantes.
El aumento de exportación de carne vacuna.
Otra parte del acuerdo firmado constituye la ampliación del cupo de exportación de carne vacuna a 100.000 toneladas anuales, y elimina previos aranceles para fertilizantes y maquinaria usada.
¿Qué significa esto en materia ambiental? La deforestación masiva de bosques autóctonos para crear terreno apto para ganadería. Una problemática que nada tiene de novedosa, pero que se incrementará drásticamente con el aumento de la exportación de carne.
Por otro lado, la intensificación de la producción bajo necesarios para abastecer la demanda, genera una saturación química del suelo por la acumulación excesiva de excrementos de los animales. Esta sobrecarga de nutrientes no solo altera la microbiota del estrato superficial, sino que corre el riesgo de filtrarse hacia las napas subteráneas.
A esto se suma el impacto de los residuos farmacológicos, como los antiparasitarios, que permanecen en las heces y eliminan a organismos esenciales para la aireación del suelo, como lombrices y escarabajos.
Todas estas prácticas industriales requieren de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) locales. Sin embargo, las políticas desregulacionistas tienden a «relajar» esta obligación burocrática, priorizando estándares de eficiencia industrial por sobre la preservación de los ecosistemas locales, que poseen particularidades que las normas extranjeras no siempre contemplan.
El debate entre «progreso y conservación ambiental» no es nuevo, pero los grandes actores aún continúan viéndolo como opuestos, incapaces de comprender que el futuro de las naciones, a esta altura del partido, requiere de unas fuertes políticas de protección de los recursos.
El incremento de producción minera y ganadera, sin organismos regulatorios correspondientes, terminará por sentenciar el suelo y el agua de Argentina, acercándolo un paso más hacia el saqueo sistémico de las grandes potencias a las riquezas naturales de Latinoamérica.
