«La Ley de Glaciares no se toca» exclamaron los cientos de carteles y banderas alzadas en la marcha en rechazo al proyecto de modificación de la Ley 26.639, frente al Congreso de La Nación. Dicha votación está prevista para este miércoles 8 de abril, cuando se dictaminará la decisión de la Cámara de Diputados.
La marcha reunió a diferentes ONGs de índole ambiental, tales como Greenpeace o la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, además de varias organizaciones de asambleas barriales cordilleranas, que se sumaron a hacerle frente a lo que puede ser una decisión drástica para el futuro de los acuíferos argentinos.
¿Qué propone la reforma?
Como ya explayamos en Conexión Animal, el núcleo de la reforma radica en la redefinición de qué áreas están protegidas. El proyecto busca restringir la protección ambiental principalmente a los glaciares que figuran en el Inventario Nacional y que cumplen con dimensiones específicas, dejando desprotegido gran parte del ambiente periglacial (ecosistema que rodea a uno o varios glaciares, transitando a lo largo del año la congelación y descongelación).

Esto abriría la puerta a proyectos de infraestructura y explotación minera en zonas que hoy están estrictamente resguardadas por ser reguladoras de las cuencas hídricas.
Marta Maffei, reconocida referente ambiental y exlegisladora, advirtió sobre la inconstitucionalidad de la norma: «Esta reforma no respeta nada de la legislación vigente. Viola varios convenios previamente estipulados y es regresiva en los términos de los tratados ambientales vigentes. Tiene una fachada de federalismo, pero en realidad busca discrecionalidad para que las provincias puedan habilitar proyectos sin control. Es un daño irreversible para el acceso al agua de las futuras generaciones».
Los habitantes de las provincias cordilleranas y las localidades establecidas en regiones periglaciales también manifestaron su descontento, advirtiendo la peligrosa contaminación que genera la minería a cielo abierto.
«Los únicos dos arroyos que nos quedan están contaminados. En Las Heras se fue el petróleo y no quedó nada; tenemos basurales y campamentos, y cerquita están las mineras. Nadie del pueblo trabaja ahí. El pueblo los mira y los va a juzgar. Reventar los glaciares es aniquilar nuestras reservas de agua dulce.» manifestó Marcelo Alberto Arteaga, vecino de la provincia de Chubut.

Si el miércoles se aprueba la ley, el ambiente periglacial perdería su estatus de protección absoluta, permitiendo la instalación de industrias extractivas en zonas críticas. De lo contrario, el proyecto deberá volver a comisiones o ser archivado, marcando un hito en la resistencia de la agenda ambiental frente al modelo extractivista.





