Mientras la crisis climática global acelera el retroceso de las masas de hielo en la Cordillera de los Andes, en el Congreso de la Nación se libra una batalla política que podría redefinir el mapa hídrico del país. El proyecto de modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, motorizado por el Poder Ejecutivo y un sector de las provincias cordilleranas, ha puesto en estado de alerta máxima a la comunidad científica y a las organizaciones ambientales.
El foco del proyecto se centra en «acortar» la superficie protegida por ley, fundamentalmente en la zona periglaciar,es decir, el territorio que rodea a los glaciares. La iniciativa busca que las provincias redefinan que suelos se pueden intervenir.
¿Qué dice la Ley de Glaciares?
Sancionada en 2010 tras un veto presidencial, la norma define a los glaciares y al ambiente periglaciar como «reservas estratégicas de recursos hídricos» y prohíbe taxativamente la actividad minera y petrolera en estas zonas. A su vez, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
El nuevo proyecto busca flexibilizar estas regulaciones bajo el argumento de la necesidad de inversiones en minerales críticos para la transición energética, como el cobre y el litio.
El ambiente periglacial, protegido por la ley, funciona como una «esponja» de hielo subterráneo que alimenta los ríos durante las sequías. La propuesta oficial de reforma busca que solo se protejan aquellas zonas que tengan una «función hídrica relevante y verificada».
Al exigir que la función hídrica sea «verificada» caso por caso, se abre la puerta a que proyectos mineros avancen sobre suelos congelados que no han sido mapeados con el rigor necesario por falta de presupuesto.
Ricardo Villalba, doctor en Geociencias e investigador principal del CONICET, advierte sobre la reforma: «Los glaciares y el ambiente periglacial no son piezas aisladas de un rompecabezas que uno pueda quitar sin afectar al resto; funcionan como un sistema hidrológico integrado. El hielo subterráneo del ambiente periglacial es, en muchas cuencas áridas de San Juan y Mendoza, el principal regulador del caudal de los ríos cuando los glaciares visibles se achican.»
San Juan, Catamarca y Salta son algunos de los gobiernos que impulsan esta modificación, argumentando que la ley representa un «obstáculo» para el desarrollo de enormes proyectos mineros, con un enorme porcentaje de riesgo ambiental.
«Pretender que solo se proteja lo que el Estado pueda certificar hoy como ‘relevante’ es ignorar que la ciencia aún está descubriendo la magnitud de estas reservas. Lo que el proyecto llama ‘claridad jurídica’ para las empresas, es en realidad una ceguera ambiental impuesta que pone en riesgo el suministro de agua para el consumo humano y la agricultura en todo el oeste argentino». Continúa Villalba.
Este jueves 26, se confirmó la sesión en el Senado sobre esta reforma, con riesgo de deteriorar más la ejemplar historia de Argentina y sus áreas protegidas.
«Estamos ante un intento de entrega de soberanía hídrica sin precedentes. La Ley de Glaciares actual es una de las más avanzadas del mundo porque aplica el principio precautorio: ante la duda de si una actividad daña el agua, se debe proteger el agua. Comenta Enrique Viale, presidente de Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
«No estamos hablando de un capricho conservacionista, estamos hablando de que la megaminería en alta montaña consume y contamina millones de litros de agua en la naciente de las cuencas. Si tocamos la fábrica de agua, el resto del país se queda sin futuro». Refuerza.
En un momento histórico donde el agua dulce cotiza más que cualquier mineral, desproteger los glaciares con exclusivos fines de lucro no es progreso, sino una rendición ambiental que dejará a las futuras generaciones a la deriva.
