Por Fermín Koop
La habilitación de los estudios de exploración sísmica para llevar adelante la explotación petrolera offshore en las costas de Mar del Plata resaltó la urgencia de discutir las políticas de transición energética de Argentina, sin nuevas licitaciones de renovables hace dos años y con una pendiente estrategia de descarbonización de su economía.
En vísperas del año nuevo, el Ministerio de Ambiente autorizó a la empresa Equinor a realizar estudios para precisar la existencia de hidrocarburos, que luego derivaría en su extracción. Argentina ya produce hidrocarburos en el Mar Argentino, pero la decisión de expandir su uso generó cuestionamientos masivos y protestas de la sociedad.
Si bien las críticas se enfocaron en los posibles riesgos de un derrame o los efectos en la fauna marina, estos no son los únicos problema del proyecto. La decisión del gobierno de seguir apostando a los combustibles fósiles es incompatible con sus compromisos en cambio climático, los cuales asumió como parte del Acuerdo de París y ya debería estar abordando.
La quema de combustibles fósiles, es decir petróleo, gas y carbón, es la principal fuente de emisiones a nivel global y por lo tanto el principal impulsor del cambio climático. En Argentina más del 50% de las emisiones contaminantes provienen del sector energético, impulsadas por una matriz energética que depende en 85% de los fósiles.
El Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) defendió la decisión de impulsar la exploración offshore, argumentando que “la creencia que las energías limpias son la solución al problema es un mito”. Las mismas son “valiosos complementos” y tienen impactos de los que no se habla, sostuvo el IAPG.
Mientras tanto, para el Ministerio de Ambiente, el mundo va a continuar utilizando hidrocarburos por lo menos por los próximos 25 años, justificando la aprobación del proyecto. Se debe ir hacia una transición energética, sostuvo en un comunicado, a pesar de que las señales desde Vaca Muerta vayan en una dirección contraria.
Es técnica y económicamente viable realizar una descarbonización del sector energético en Argentina e ir rápidamente hacia las energías renovables, las cuales ya equiparan los costos de los hidrocarburos en América Latina. Los ejemplos de Uruguay, Chile y Costa Rica y numerosas investigaciones muestran que el camino es posible.
La Agencia Internacional de Energía asegura que para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1,5C, no se pueden aprobar nuevos yacimientos de petróleo y gas ni construir nuevas centrales eléctricas de carbón en ningún lugar. Sin embargo, decisiones como las de Argentina van en la dirección contraria, coinciden especialistas.
“Cualquier iniciativa extractiva hidrocarburífera debería inscribirse dentro de un plan de transición energética. La ausencia de una hoja de ruta que permita alcanzar los compromisos asumidos implica inversiones en recursos que pueden terminar como activos varados en unos pocos años, además de agravar la crisis climática”, sostuvo la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
No es una decisión solamente ambiental, sino que una transición energética también impulsaría la economía del país en gran medida. Un informe del BID estima que la descarbonización de América Latina generaría 15 millones de nuevos empleos en general y 100.000 empleos adicionales a tiempo completo en el sector de la electricidad renovable para 2030.
Sin embargo, cuanto más se tarde en desarrollar la transición energética, en Argentina y en otros países de América Latina, más costosa y dificultosa será. Es por ello que es urgente contar con un plan a largo plazo para la descarbonización de la economía del país, algo que se esperaba que Argentina presentara en la COP26 pero que no ocurrió.
“Quienes se encuentran con responsabilidad de gobierno deben visualizar la transición como una alternativa de transformación, un momento que permite diversificar la economía, pensar cuales las actividades que reportan ventajas dinámicas y permiten afianzar un modelo sostenible”, sostuvo Leonardo Stanley, economista especializado en desarrollo.
