Se cumplen cinco años desde que el complejo de barrios privados, Nordelta, recibió una enorme oleada de familias de carpinchos que, hasta el día de hoy, siguen en boca de todos los vecinos, en forma de un conflicto que nadie ha podido solucionar.
La evolución de la convivencia entre los residentes y los carpinchos en la región ha transitado hacia una polarización social profunda. Mientras un sector de la comunidad ha adoptado una postura de coexistencia, promoviendo la creación de corredores biológicos y el respeto por el hábitat original, otra parte de propietarios manifiesta una creciente hostilidad debido a los daños materiales en jardines, el riesgo de accidentes viales y los roces con mascotas domésticas.
Esta tensión escaló debido al fracaso de las medidas de mitigación previas, como el cercado perimetral de algunos barrios que, lejos de solucionar el problema, fragmentó aún más el territorio y generó situaciones de estrés y daño para los animales.
El operativo que llegó a la justicia.
El 13 de enero de 2026, se llevó a cabo un operativo de relocalización, ejecutado de manera sorpresiva por las autoridades que despertó la inmediata sospecha de las organizaciones ambientalistas. La maniobra se inició durante la madrugada, fuera del cronograma pautado con los veedores externos, y consistió en la captura de seis ejemplares mediante el uso de dardos sedantes y cebos, un método que fue duramente cuestionado por su potencial riesgo para la salud de los animales.
El procedimiento carecía de un estudio de impacto ambiental previo, lo que convirtió al traslado en una acción improvisada más cercana al desalojo forzado que a una gestión científica de fauna. Según registros de los vecinos que realizaron vigilias en los perímetros de Nordelta, los operarios transportaron a los carpinchos hacia una reserva en el Delta de San Fernando sin garantizar el seguimiento post-liberación. Esta irregularidad procedimental fue el argumento central para que la Justicia de San Martín dictara una medida cautelar de urgencia, calificando el operativo como una medida «unilateral y prematura» que vulneró los protocolos de protección de la fauna silvestre de la provincia.
Durante el 2025, se intentaron varias medidas de mitigación, como castraciones químicas y censos, pero el avance inmobiliario de las zonas aledañas al barrio siguió empujando a los animales hacia las zonas consolidadas.
Los detalles de la medida cautelar.
El fallo reciente de los jueces Jorge Augusto Saulquin y Luciano Enrici especifica algunos puntos fuertes:
- Suspensión inmediata: Se prohíbe cualquier nuevo traslado hasta que se presente un plan integral técnicamente justificado.
- Estatus de Protección: Se recordó que los carpinchos son fauna silvestre protegida por la Ley Provincial de Buenos Aires, y su remoción solo puede ser excepcional.
- Exigencia de estudios: La autoridad de aplicación (Ministerio de Desarrollo Agrario) debe presentar evaluaciones detalladas sobre la «prueba piloto» realizada, que hasta ahora parece haber fracasado en sus formas.
«Lo que vimos el 13 de enero no fue una relocalización, fue un secuestro de fauna silvestre. Sedar animales sin un plan de seguimiento es una condena a muerte encubierta. El carpincho no es el invasor; es el dueño del humedal que nosotros mismos fragmentamos, y la justicia finalmente ha entendido que el derecho a la propiedad privada no puede estar por encima de la supervivencia de una especie protegida.» reclamó Mariana Suárez, vocera de la organización Eco-Delta.
Algunas posibles medidas amigables para los carpinchos.
El traslado de estos animales no tiene por qué ser la «solución» a un problema que el mismo avance urbano causó, al eliminar los depredadores y avanzar sobre su hábitat natural. Hay posibilidad de convivencia planificada con algunas medidas:
Creación de Corredores Biológicos: Diseñar franjas de vegetación nativa que conecten las lagunas entre sí, permitiendo que los carpinchos se desplacen por áreas naturales específicas sin necesidad de atravesar calles o jardines privados.
Zonas de Pastoreo Estratégico: Mantener áreas de pasto natural en las riberas y zonas comunes alejadas de las viviendas. Al tener alimento disponible en su hábitat, los animales tienen menos incentivos para entrar a los jardines en busca de comida.
Infraestructura Vial: Instalación de lomos de burro, radares de velocidad y cartelería LED en los puntos identificados como cruces frecuentes de fauna para reducir drásticamente los accidentes y proteger tanto a los conductores como a los animales.
Censos y Monitoreo Científico: Realizar estudios poblacionales semestrales. Solo con datos reales sobre la salud y la cantidad de ejemplares se pueden tomar decisiones de manejo que no sean improvisadas.
Desde una perspectiva ambiental, el fallo judicial de 2026 marca un precedente fundamental: la naturaleza no puede ser tratada como un mobiliario que se desplaza según la conveniencia del mercado. Mientras Argentina siga postergando una Ley de Humedales nacional que brinde un marco regulatorio claro, seguiremos asistiendo a estos choques territoriales donde la fauna silvestre siempre será perjudicada
