Como tantas otras veces en el curso del Siglo XXI, la provincia de Mendoza se vuelve a encontrar en el centro de la polémica con respecto al debate nacional sobre la megaminería en la Cordillera de Los Andes.
En esta ocasión, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobó el llamado Proyecto San Jorge, un proyecto de extracción de cobre, con presencia de oro y plata en la zona, ubicado en la región de Uspallata, departamento de Las Heras, que acompaña a la tentativa de una inversión pública citada en torno a US$ 559 millones y la creación de unos 3.900 empleos directos.
Detrás de la iniciativa se encuentra la empresa Minera San Jorge S.A., vinculada al holding internacional Solway Investment Group. Dicha corporación se encuentra en el juicio del ojo público debido una revelación del periodismo sobre antecedentes de denuncias y causas asociadas en otros países donde operaron empresas del mismo grupo.
Por ejemplo, uno de los recientes casos de irregularidades en el país de Guatemala involucra a Solway Group como principal acusado en un informe que evidencia que se ocultaron reportes de contaminación en una zona indígena, y trabajaron con autoridades para minimizar o encubrir daños ambientales.
La reacción de la comunidad
Como ya ha sucedido en reiteradas ocasiones, la población mendocina organizó marchas multitudinarias, caravanas y concentraciones frente a la Legislatura provincial y en el Valle de Uspallata, con el objetivo de frenar el proyecto debido al daño que respresenta para las cuencas hídricas de la provincia.
la megaminería metalífera a cielo abierto impone altos riesgos por contaminación de aguas superficiales y subterráneas, por consumo de caudales y por la potencial generación de drenaje ácido de minas, sin mencionar el abismal consumo de agua que esta actividad requiere. Esto último es aún más dañino en regiones como Cuyo, donde el agua no abunda, y cada río es fundamental para el desarrollo de la población.
Por otro lado, diversos organismos nacionales y universitarios presentaron una investigaciones que detectan importantes falencias en el Estudio de Impacto Ambiental realizado para el proyecto: falta de líneas de base completas, insuficiente información sobre el impacto en el agua y biodiversidad, la ausencia de modelos sólidos para prever escenarios de contaminación y una limitación sobre el impacto a futuro.
Importantes cuerpos científicos como el CONICET y la Universidad de Cuyo se incluyen dentro de las instituciones que demostraron el déficit en el tramo legal del PSJ (Proyecto San Jorge).
“Es un área de aguas prístinas, de nacientes, y río abajo vivimos más de un millón de personas. No podemos arriesgar nuestra agua por un proyecto que aún genera dudas técnicas serias.” reclamó Carlos Russo, miembro de la Asamblea del Agua de Las Heras.
¿Qué podría suceder?
Si el Senado convierte la DIA en válida y no prosperan recursos judiciales que suspendan la acción, Minera San Jorge podría avanzar a etapas de obra y explotación. Esto abriría la puerta a inversiones y empleo, pero también a la implementación urgente de planes de manejo de residuos, control hídrico y fiscalización intensiva.
El reclamo es contundente y la manifestación tiene como objetivo que el proyecto no prospere sin:
- Estudios de línea base independientes y transparentes sobre agua y biodiversidad.
- Modelos hidrogeológicos verificables y planes de monitoreo vinculantes con participación ciudadana.
- Garantías económicas (fideicomisos, seguros) que cubran remediación y mantenimiento luego de que culmine el trabajo.
- Auditorías ambientales externas e imparciales y comités de seguimiento con representación local.
Antecedentes de manifestaciones contra la minería en Mendoza.
En diciembre de 2019, miles de personas protestaron en toda la región cuyana contra una modificación de la Ley 722 prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas en los procesos de exploración y explotación minera. La modificación buscaba habilitar cierto tipo de sustancias para su libre uso en minería a cielo abierto. Las protestas fueron tan masivas que el gobierno terminó suspendiendo y derogando la norma modificatoria.
Más allá de Mendoza, un caso histórico del movimiento ambiental fue en la provincia vecina de La Rioja, cuando en 2011, la población de Famatina se movilizó de forma sostenida contra un proyecto de minería aurífera por los riesgos que implicaba para el agua y la ecología. La protesta incluyó bloqueos de ruta, marchas y expresiones multitudinarias, logrando incluso que la empresa Osisko Mining Corporation suspendiera sus actividades en 2012 ante la presión popular.
En una provincia árida, cuya vida económica, social y urbana depende casi exclusivamente del agua de deshielo, avanzar con un emprendimiento de megaminería en la cuenca del río Mendoza implica asumir riesgos que no encuentran justificación frente a los beneficios prometidos. el avance del Proyecto San Jorge aparece menos como una política de desarrollo sustentable y más como un negocio que pone en juego el recurso vital de la provincia.
