Por Santiago Campeni
En la noche del miércoles 28 de septiembre, en vísperas de que se retomara el tratamiento de la Ley de humedales en las diversas comisiones, debido a que no se había llegado a un acuerdo el jueves anterior, un comunicado firmado por la presidenta de la cámara de diputados y con la firma de siete jefes de bloques pospuso nuevamente el debate por tiempo indefinido.
El documento firmado por Martinez (Frente de Todos) ,Negri (UCR), Ritondo (PRO), Lopez (Coalición Cívica), De Loredo (Evolución Radical), Di Giacomo (Provincias Unidas) y Stolbizer (Encuentro Federal), demuestra que no importa el color político, de ambos lados de la grieta el lobby en contra de la ley ha encontrado terreno fértil para crecer. El motivo explayado en el texto se fundamenta en la intención de escuchar la opinión de las provincias y sus gobiernos.
Tal parece que no fueron suficientes diez años de debate desde que se presentó por primera vez el proyecto de ley en el congreso, o tampoco alcanza con que se hayan perdido más de un millón de hectáreas en el Delta del Paraná. Tampoco parece que se haya oído el reclamo de los habitantes de Rosario y alrededores que hace meses respiran humo tóxico producto de las quemas que se realizan en las islas de Entre Ríos para la producción ganadera.
El texto presentado por Diputados coincide con las declaraciones de varios gobiernos provinciales en contra de la sanción de la ley, ya que plantean que no se respeta el carácter federal del país que establece que las provincias son dueñas de sus recursos naturales y que afectaría actividades productivas como la minería.
Entre las provincias que se declararon en contra del proyecto de ley se encuentran, Salta, Catamarca, San Juan, Jujuy y Córdoba, las tres primeras teniendo un claro historial minero. En el caso de Salta el gobernador Gustavo Saenz dijo que afectaría la minería de litio que se desarrolla en el territorio provincial y que, al no aclarar claramente en el texto legislativo que es un humedal, generaría inseguridad jurídica para la instalación de futuros proyectos.
Declaraciones semejantes dio el gobernador Gerardo Morales de Jujuy, aludiendo que la ley incumple el principio de federalismo que rige en el país que asegura el manejo de los recursos a las provincias y no al Estado Nacional. En el mismo evento en el que los dirigentes de Salta y Jujuy dieron sus declaraciones, Raul Jalil de Catamarca dijo que los diputados están legislando desde el desconocimiento.
La ley de humedales en su artículo 2 dice claramente que los humedales son:
“ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo.” Quizás quienes deberían leer el texto legislativo para entender mejor qué es lo que establece sean los gobernadores. El proyecto establece también que los encargados de realizar el ordenamiento territorial de donde se encuentran los humedales serán las provincias y CABA, demostrando que en ningún momento se irrumpe el carácter federal del país ya que cada territorio será el encargado de delimitar donde se encuentran sus humedales y qué actividad se puede realizar o no en ellos.
Otro de los gobernadores que se mostró en contra del proyecto de ley que espera ser tratado en diputados fue Sergio Uñac, gobernador de San Juan. Mencionó que si bien no se opone al tratamiento de la ley, le parece que está teniendo un tratamiento apresurado y que el texto tal como esta afectaría actividades económicas. Finalmente también la legislatura de Córdoba, en un proyecto de declaración, rechazan la Ley de Humedales. La declaración contó con el acompañamiento de la titular de la comisión de ambiente de la provincia, Nadia Fernandez.
Una ley que demuestra que los temores de las distintas provincias son infundados es la Ley de Bosques sancionada en 2007. También se trata de una ley de presupuestos mínimos para la protección de un ecosistema, y también establece que se debe realizar un ordenamiento territorial, realizado por cada jurisdicción, para delimitar qué actividades son posibles de realizar y cuáles no. En ningún momento se rompió el federalismo y si bien los desmontes continúan en el norte del país, la tasa de deforestación se redujo de 0,94 % en 2007 a 0,34 % en 2015 según datos del gobierno nacional. El rol de nuestros representantes es justamente como la palabra lo dice representarnos, Ha quedado demostrado que la Ley de humedales se reclama hace un largo tiempo, la pregunta es si nuestros políticos estarán a la altura esta vez de legislar en defensa del ambiente y no del lobby.
