Hace algunos días, el Gobierno Nacional anunció la aprobación de un nuevo sistema que aplicado la administración del turismo en las áreas protegidas por la Administración de Parques Nacionales (APN). Se trata de la Resolución 62/2025, e impone una serie de cambios y medidas en la regulación de los bienes y servicios que ofrecen los parques.
¿Qué cambió?
Entre los cambios centrales están:
- Digitalización de trámites vía trámites a distancia (TAD).
- Creación/actualización de registros de guías y prestadores, con requisitos distintos a los anteriores; permisos antiguos no serían prorrogados y deben tramitarse de nuevo bajo el nuevo régimen.
- Delegación de mayores facultades a las intendencias de cada parque y a la Dirección Nacional de Uso Público para agilizar autorizaciones locales.
Acorde al gobierno de Javier Milei, y el principal impulsor de la resolución, el ministro Federico Sturzenegger, esta serie de medidas era necesaria para “actualizar procesos, reducir la burocracia y acompañar el crecimiento sostenido del turismo en las áreas protegidas, garantizando a la vez la conservación de su patrimonio natural y cultural”.
“se acabaron las licitaciones eternas y las concesiones exclusivas que habían creado rentas monopólicas artificiales en nuestros parques nacionales” y sostuvo que la digitalización permitirá que “cualquier prestador pueda ofrecer actividades sin enfrentar inmensos escollos burocráticos”. Prosiguió el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
¿Cuáles son las críticas a este nuevo sistema?
La comunidad ambiental , diversas ONGs, y trabajadores de la APN se manifestaron en contra de esta resolución, ya que deja al ecosistema en una vulnerable situación.
Menor calidad y control de los guías: Una de las medidas impuestas explica que habrá menos capacitación para los guías, y que cualquier prestador podrá aplicar para el trabajo de su equipo. Los guías no solo informan sino que actúan como control social sobre prácticas de visitantes. La organización señaló que la ausencia o la bajada de estándares puede aumentar impactos sobre ecosistemas sensibles.
Desfase entre apertura y recursos para conservación: Críticos señalan que abrir el mercado a más prestadores sin exigir asignaciones de recursos para control, infraestructura y manejo del fuego desembocará en un futuro problemático: más visitantes y operadores, pero menos guardaparques, brigadistas y presupuesto operativo. La baja ejecución presupuestaria pone en riesgo tareas básicas de conservación.
Riesgos de externalización y privatización de servicios públicos ambientales: Flexibilizar concesiones y reducir controles puede favorecer a empresas con mayor capacidad de inversión y al mismo tiempo dejar fuera a prestadores locales y guías tradicionales. La prensa local documentó tensiones en territorios donde históricamente hubo un inversor dominante. Un ejemplo es el caso en El Calafate, donde el monopolio de ciertos prestadores causa un enorme impacto en los precios de la región.
Esta medida llega en un contexto donde organizaciones que monitorean el presupuesto público advierten recortes reales en partidas ambientales y fragilidad operativa en áreas clave como brigadistas, guardaparques, etc. El inmenso país donde se encuentran todos estos recursos y patrimonios naturales debe contar con una regulación y mantenimiento a la altura de ellos. No se puede proteger lo que no se conoce.
