Se Aprobó la Reforma de la Ley de Glaciares en Argentina.
A comienzos del mes de abril, en una sesión cargada de tensión, el Congreso de la Nación sancionó definitivamente la modificación de la Ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, tras conseguir la media sanción restante de la Cámara de Diputados.
Lo que nació en 2010 como una de las leyes ambientales más vanguardistas del mundo, hoy se ve reducida a un marco normativo que prioriza la rentabilidad inmediata sobre la seguridad hídrica de las futuras generaciones.
Los Intereses detrás de la Reforma
La aprobación de esta modificación responde a una presión sostenida por parte de la industria minera transnacional y las cámaras empresariales energéticas.
Proyectos de Minería Metalífera: Grandes emprendimientos de oro, cobre y plata en San Juan, Catamarca y Salta, que estaban paralizados por encontrarse en zonas de ambiente periglacial.
Sector Hidrocarburífero: Al flexibilizar las restricciones, se facilita la exploración en áreas de alta montaña antes protegidas por el principio precautorio.
Gobiernos Provinciales Pro-Mineros: Que ahora recuperan facultades para determinar, bajo criterios propios, qué áreas se consideran «relevantes» para el aporte hídrico y cuáles pueden ser intervenidas.
La reforma introduce un cambio de paradigma peligroso: pasa del criterio geológico (proteger todo el suelo congelado) al criterio hídrico (proteger solo si se demuestra que aporta agua).
Esta distinción es técnica, pero sus efectos son devastadores para los acuíferos. El ambiente periglacial no es solo «piedra congelada»; es el área de recarga fundamental. Al permitir actividades industriales en estas zonas Se corta el ciclo de infiltración, es decir, el agua que antes se filtraba lentamente hacia las napas subterráneas ahora se escurre o se contamina con sedimentos.
Además, crece el Riesgo de Contaminación Química. Los acuíferos son mucho más difíciles de remediar que un río superficial. La actividad minera en zonas de recarga pone en riesgo la potabilidad del agua para comunidades enteras.
«No se puede proteger solo el ‘glaciar blanco’ e ignorar el ambiente periglacial. Es como querer proteger el corazón de una persona pero permitir que se dañen todas sus arterias. Sin el entorno, el glaciar se derrite más rápido y el agua deja de llegar a las cuencas que alimentan la agricultura de Cuyo y el NOA.» Anuncia el Dr. Ricardo Villalba, investigador del CONICET y referente mundial en glaciología.
Por su parte, el Lic. Walter Trejo, especialista en Hidrología Subterránea, advirtió tras la sanción de la ley:
«El impacto será irreversible. El área periglacial funciona como un embalse natural. Al intervenirla, estamos alterando la calidad química del agua subterránea. No es una cuestión de tecnología; es una cuestión de geología básica que la nueva ley ignora por completo.»
Argentina ha decidido sacrificar sus reservas estratégicas de agua dulce a cambio de una promesa de inversiones mineras. En un siglo que será definido por las guerras por el agua y el estrés hídrico extremo, debilitar la Ley 26.639 deja a las provincias cordilleranas en un estado de vulnerabilidad absoluta.
La reforma no «protege mejor», como argumentan sus defensores; simplemente desprotege legalmente para facilitar el extractivismo. El destino de nuestros acuíferos y de la producción agrícola en las zonas áridas queda ahora atado a la voluntad de empresas cuyo único horizonte es el balance trimestral, mientras los glaciares continúan retrocediendo sin defensa legal que los ampare.
