A mediados enero de 2026, tras haber sido ratificado por 60 países, entrará en vigencia el llamado Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina, conocido también sobre el Tratado de Alta Mar.
Este acuerdo se discutió durante casi dos décadas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y tiene como principal objetivo proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales, es decir, más allá del límite de las 200 millas naúticas de cada país.
Los objetivos concretos
Los fundamentos clave del tratado tienen que ver con proteger los casi dos tercios de océano que quedan fuera de jurisdicciones nacionales:
- Permite establecer Áreas Marinas Protegidas (AMP) para conservar la biodiversidad marina.
- Regula las evaluaciones de impacto ambiental de actividades humanas en alta mar.
- Establece una participación equitativa en los beneficios de los recursos genéticos marinos (farmacéuticos, cosméticos, etc.).
- Fomenta la investigación y la transferencia de tecnología marina.
Para que entre en vigor, era necesario, como ya mencionamos, que este sea aprobado por al menos 60 países, objetivo que se cumplió el mes pasado.
“Este acuerdo es histórico porque se refiere exclusivamente a aguas internacionales donde hasta este momento cada país hacía lo que se le diera la gana, las reglas las ponían ellos”, explicó Luis Capozzo, Doctor en Biología e investigador principal del Conicet.
Previo al tratado, tan solo el 1% de las aguas internacionales estaba protegida, dejando un falta jurídica enorme en la conservación marina de la mayor parte del océano. Ahora, se buscará que el 30% de los océanos estén bajo protección legal internacional para 2030.
Gracias a esto, más de 190 millones de km² de biodiversidad marina se encuentran potencialmente bajo medidas de conservación efectiva.
Sin embargo, de acá en adelante, la verdadera prueba será la implementación efectiva del acuerdo. La primera Conferencia de las Partes (COP) sobre el tópico, prevista para 2026, será una instancia clave para definir qué áreas marinas serán protegidas primero, cómo se coordinarán los mecanismos de supervisión y cuáles serán las sanciones ante el incumplimiento.
Argentina y el Tratado de Alta Mar.
Nuestro país fue un participante activo, tomando protagonismo en las negociaciones diplomáticas que duraron casi dos décadas hasta concluir, en junio de 2023, el proceso multilateral que dio lugar al tratado.
Pero el contexto cambió, y la deficiencia política en la rama de conservación nacional mostró sus defectos. Argentina firmó el tratado el 18 de junio de 2024, pero hasta ahora, no se envió el proyecto de ley para ratificarlo ante el Congreso Nacional.
El Mar Argentino es, justamente, uno de los más afectados por la pesca no declarada y la depredación del ecosistema. Desde hace décadas, enormes flotas pesqueras, principalmente de países asiáticos, irrumpen en la zona protegida o en su límite, para pescar calamar y merluza principalmente, amenazando la soberanía y biodiversidad del país.
“A partir de la milla 201, en las áreas que bordean la zona económica exclusiva, los barcos piratas pescan en esa región los mismos recursos que luego ingresan en nuestras aguas y son explotados por la flota nacional. Es decir, se sirven con los recursos de la Argentina” Agregó Luis Capozzo.
De ratificarse en el Congreso, el tratado permitiría que Argentina participe en establecer áreas marinas protegidas en alta mar (AMP), realizar evaluaciones obligatorias de impacto ambiental y coordinar respuestas frente a pesca ilegal y otros riesgos transfronterizos.
La firma del Tratado de Alta Mar representa, para Sudamérica, una señal clara de alineamiento con la agenda ambiental global y con la necesidad de proteger uno de los bienes comunes más estratégicos del planeta: el océano. En un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad, el acuerdo ofrece una oportunidad concreta para avanzar en la protección de ecosistemas marinos hoy prácticamente desregulados, incluyendo áreas clave del Atlántico Sur que funcionan como verdaderos reservorios biológicos.
La ausencia de un proyecto de ley enviado al Congreso deja a la Argentina en una posición pasiva, sin capacidad plena de incidir en las decisiones que definirán qué zonas serán protegidas, cómo se regularán las actividades en alta mar y qué mecanismos de control se implementarán. Ratificar el acuerdo no es solo una formalidad jurídica: es una decisión política urgente que permitiría al país defender la biodiversidad marina
