Por Bautista Diaz
Durante el 2023, más de 400 mil empresas nacionales produjeron, aproximadamente, 18 millones de toneladas de residuos, categorizados entre peligrosos, no peligrosos y patogénicos. En un informe publicado por la UBA (Universidad de Buenos Aires) y la UNR (Universidad Nacional de Rosario), se demostró que, solamente, el 7,1% de esa cantidad fueron tratados bajo el procedimiento correcto.
En cuanto al casi 93% restante, fue descartado de forma incorrecta, generando un daño enorme al medio ambiente, contaminando el aire, la tierra y el agua, lo cual trae problemas para la salud de las personas. Según advierten los datos, con el paso de los años, el asunto sólo se agravó.
Tomando en cuenta las cifras anunciadas de los años anteriores (2021-2022) por el Observatorio de Residuos Peligrosos, se produjeron 11.251.862 de toneladas de residuos industriales durante ese periodo. De estos, se trataron solo 1.080.029 toneladas, lo que equivale a un 9.6%.
¿Qué quiere decir esto? que en el transcurso de un año, se generaron casi 7 millones de toneladas más, pero el porcentaje del tratamiento no aumentó en la proporción correspondiente.
Claudia Kalinec, presidenta de CATRIES (Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos industriales y Especiales), declaró: “El saldo que se obtiene es un mayor descarte de materiales peligrosos, no peligrosos y patogénicos en el ecosistema. Las consecuencias más directas son un aumento en los niveles de contaminación ambiental y efectos graves en la salud de las personas. Lo que genera entre otras cosas el calentamiento global que estamos viviendo. Los niveles de residuos que recibieron tratamiento son muy similares en ambos períodos contemplados por los informes, pero el volumen de residuos total creció más de la mitad.”
“hace tiempo que el número de residuos que se tratan quedó estancado y no supera el 10%”. A la hora de reflexionar en torno a esta situación, la ausencia de control y sanción por parte del Estado y de políticas que promuevan la protección ambiental son dos factores clave.» agregó Kalinec.
Junto a CATRIES, actúa otra Cámara, CAITPA (Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental). Los dos organismos, desde el 2021, exigen bimestrales y anuales a las empresas registradas, con el fin de realizar un seguimiento sobre la gestión de los residuos y la contaminación ambiental.
Gustavo Solari, presidente de CAITPA, también se expresó: “Es fundamental para nosotros sensibilizar acerca de la relevancia de manejar de forma adecuada los residuos peligrosos. Están clasificados de esa manera por una razón, y el impacto que generan es innegable. Las estadísticas son preocupantes y urge iniciar un cambio en la situación actual”.
En el Congreso de la Nación se está intentando avanzar con el proyecto para actualizar el valor de las multas que, según la ley 24.051, se aplica a las empresas que no cumplen con el tratamiento de sus residuos industriales. Dicha norma fue sancionada en 1991, y el valor de la multa, hoy en día, no pasa los $500.000 pesos, un monto insignificante si se trata de la facturación de una empresa.
El destacado trabajo de la UBA y la UNR creando el Observatorio de Residuos Peligrosos busca poner un freno a la negligencia de las empresas, que ante la falta de castigo correspondiente, contaminan los suelos, el aire y el agua de nuestro país. Este proyecto busca visibilizar la problemática, ya que no hay casi datos oficiales del sector a nivel nacional.
